TARIJA, Bolivia — En Cochabamba, en lo
alto de los Andes bolivianos, la gente hace fila todos los días fuera de
las farmacias de la plaza central, ansiosa por comprar el escaso elixir
que, esperan, alejará a la COVID-19: dióxido de cloro, un tipo de
blanqueador que se usa para desinfectar piscinas y pisos.
Los
expertos dicen que, en el mejor de los casos, beberlo no tiene sentido
y, en el peor de ellos, es peligroso. Pero en Bolivia, donde varias
personas han sido hospitalizadas después de ingerir dióxido de cloro,
las autoridades regionales lo están probando en presos, el Senado
nacional aprobó la semana pasada su uso y un importante legislador
amenazó con expulsar a la Organización Mundial de la Salud por oponerse a
su uso médico.
Julio César Baldivieso, un héroe local de fútbol y excapitán de la selección nacional, dijo a un canal de televisión
que debido a que los hospitales de Cochabamba “no tienen reactivos, no
tienen insumos, no tienen equipos de bioseguridad”, él y su familia
habían recurrido al dióxido de cloro para tratar sus síntomas de
coronavirus.
Los bolivianos tienen mucha compañía —incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—
al recurrir a tratamientos no aprobados e incluso peligrosos para
prevenir o tratar infecciones. En cada parte del mundo, la ciencia dura
ha tenido que competir por la atención con teorías populares, rumores y
creencias tradicionales durante esta pandemia, como en el pasado.
Pero el interés en medicamentos
cuestionables ha sido especialmente elevado recientemente en América
Latina, donde el virus causa estragos sin control y muchos líderes
políticos de derecha e izquierda los promueven, ya sea por fe genuina o
por el deseo de ofrecer esperanza y desviar la culpa.
En
una región donde pocas personas pueden pagar una atención médica de
calidad, los tratamientos alternativos son ampliamente promocionados en
las redes sociales y explotados por los especuladores.
“Hay una desesperación de la gente frente a la COVID-19”, dijo Santiago
Ron, un profesor de biología ecuatoriano, quien se ha enfrentado a los
defensores de los supuestos tratamientos peligrosos, incluidos legisladores. “La gente está muy vulnerable a los discursos pseudocientíficos”.
El coronavirus ha infectado a más de tres millones de personas y ha
matado a unas 160.000 en América Latina, según cifras oficiales, lo que
convierte a la región en una de las más afectadas por la pandemia. Los expertos y los análisis estadísticos indican que las cifras de víctimas mortales son mucho mayores a las oficiales y están distorsionadas debido a la capacidad limitada de pruebas y recursos médicos y a la resistencia de algunos gobiernos a reconocer públicamente el alcance de la crisis.
La COVID-19 ha
maltratado los ya frágiles sistemas de atención médica, y las medidas de
confinamiento han devastado a las economías sin lograr controlar el
virus.
Los científicos están probando
un amplio espectro de tratamientos no comprobados, pero las
probabilidades de que algunos de ellos sean útiles se consideran bajas, y
se sabe que algunos son potencialmente dañinos. En muchos casos, no hay
evidencia sólida de que funcionan contra el coronavirus.
Uno
de los fármacos que despierta ese tipo de interés es la ivermectina,
que se usa para tratar parásitos intestinales. Dos ministros brasileños
anunciaron el lunes que habían dado positivo por el coronavirus, y uno
de ellos dijo que se estaba tratando con ivermectina, entre otros
medicamentos. El gobierno de Perú compró ivermectina para combatir la pandemia, y ha continuado promocionándola, incluso después de que la OMS dijo
que no debía usarse para tratar al coronavirus. Esto provocó la
explosión de un mercado ilegal de la versión veterinaria de la
ivermectina, lo que obligó al gobierno peruano —y a la Administración de Drogas y Alimentos
de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés)— a advertir a los
ciudadanos contra el uso de medicinas para animales de granja.
Aún
así, en el pequeño pueblo de Nauta, en la Amazonía peruana, el gobierno
local y los grupos religiosos llegaron a dar ivermectina veterinaria a
adultos y niños de hasta cuatro años, según los medios locales y un grupo de derechos humanos.
El presidente Trump ha comentado ideas infundadas como tratar el virus con luces potentes o inyecciones de desinfectante. En repetidas ocasiones ha promocionado la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria, llamándola un “punto de inflexión” en la pandemia, a pesar de las investigaciones científicas en contra, y ha dicho que la tomó durante dos semanas. Pero en Estados Unidos, la hidroxicloroquina no lleva el sello casi oficial que sí tiene en algunas partes de América Latina.
En Brasil, con el segundo lugar en número de casos y de fallecimientos
de coronavirus en el mundo después de Estados Unidos, el presidente Jair
Bolsonaro ha promovido sin tregua el medicamento, incluso después de que él mismo desarrolló la COVID-19,
después de haberlo estado tomando durante meses. Él ha ordenado a los
militares que la produzcan en masa, y después de su diagnóstico, agitó un paquete frente a un grupo de entusiastas seguidores.
Los gobiernos en El Salvador, Perú y Paraguay compraron hidroxicloroquina para tratar el coronavirus. Los estudios han encontrado que el medicamento no disminuyó la posibilidad de infección, redujo la gravedad de la COVID-19 o aceleró la recuperación. Pero es potencialmente peligroso, particularmente para personas con ritmos cardíacos anormales.
En
Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tiene
problemas incluso para dotar de agua potable y jabón a sus hospitales en
ruinas, se ha jactado de haber obtenido de su aliada Cuba decenas de
miles de dosis de un medicamento, interferón alfa-2b, utilizado contra
algunos virus y tipos cáncer, para combatir la pandemia. Las clínicas
del Estado ahora requieren que los pacientes con síntomas del
coronavirus tomen el fármaco.
Pero no
hay evidencia concluyente de que este medicamento en particular, uno de
los muchos que constituyen esta clase de interferón, funciona contra el
coronavirus, y en Estados Unidos los Institutos Nacionales de Salud no recomiendan actualmente su uso en pacientes con la COVID-19. Siguiendo
el ejemplo de Bolivia, la Asamblea de Ecuador recientemente debatió si
debía permitir el dióxido de cloro como tratamiento contra el
coronavirus y 10 obispos católicos han hecho un llamado para que se utilice.
El químico se ha
publicitado desde hace mucho tiempo sin aprobación oficial, también en
Estados Unidos, como cura para padecimientos como el sida y el autismo.
La FDA repetidamente ha dicho que no tiene valor médico y que puede
tener efectos potencialmente mortales,
entre ellos “vómitos severos, diarrea severa, presión arterial baja
potencialmente mortal causada por deshidratación e insuficiencia
hepática aguda”.
Al menos 10
bolivianos han sido hospitalizados con envenenamiento por dióxido de
cloro en semanas recientes, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Pero
el miércoles, Efraín Chambi, el líder de la mayoría en el Senado de
Bolivia, dijo que su partido pediría que la OMS abandone el país si
siguen recomendando a la gente que no tome dióxido de cloro. “No hacen ningún favor al pueblo boliviano”, dijo. “Creemos que están del lado de grandes transnacionales”.
Después de contener con éxito la enfermedad durante meses, Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, sucumbió a un agresivo brote este
mes que ha abrumado a los hospitales. Esta semana, la policía recolectó
cientos de cuerpos de presuntas víctimas de la COVID-19 de las calles y
hogares en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, y, el jueves, el
gobierno pospuso las elecciones nacionales de septiembre a octubre,
aludiendo preocupaciones de seguridad.
El virus se extendió rápidamente hasta los niveles más altos del poder, infectó a la presidenta interina, Jeanine Añez,
y a la mitad de su gabinete, lo que alimentó una sensación de
desamparo. Los políticos y las figuras públicas populares comenzaron a
promover el dióxido de cloro como un tratamiento alternativo. El Senado,
controlado por la oposición, aprobó la semana pasada un proyecto de ley
que permitiría a los gobiernos locales suministrar la solución de forma
gratuita para uso médico, a pesar de las protestas del Ministerio de
Salud. Añez ha guardado silencio sobre la controversia, mientras su
candidatura electoral pierde apoyo.
En
Cochabamba, en el centro del país, donde una botella de 3,78 litros de
dióxido de cloro se vende por ocho dólares —cuando se puede encontrar—
los residentes bloquearon el camino a la planta municipal de tratamiento
de residuos hasta que las autoridades locales prometieron
proporcionarlo de forma gratuita. Baldivieso,
de 48 años, el futbolista, dijo que él y toda su familia comenzaron a
beber el químico después de experimentar por primera vez los síntomas
del coronavirus. Dijo que había tenido que esperar 15 días para obtener
un resultado de la prueba, que resultó positivo. “¿Qué podía haber pasado si nosotros no tomábamos ningún tipo de precauciones?”, dijo.
En la capital boliviana, Sucre, funcionarios de salud local empezaron la semana pasada a probar el dióxido de cloro
en 200 guardias y presos, algunos de los cuales presentan síntomas de
coronavirus. El funcionario al mando de la prisión, Ludwin Miranda, dijo
que todos los participantes habían firmado formularios de
consentimiento.
En San José de
Chiquitos, un pueblo al este de Bolivia de 30.000 habitantes, el alcalde
distribuyó dióxido de cloro a los centros médicos locales para que
trataran el virus. “Ha resultado
perfectamente la aplicación de dióxido de cloro en la recuperación de
pacientes críticos”, dijo el alcalde Germaín Caballero, a una estación
local de televisión la semana pasada. “Hemos logrado un nivel de control
y de freno al avance de la pandemia”.
Los expertos médicos dicen que el
dióxido de cloro es, en el mejor de los casos, un placebo, y, como con
cualquier placebo, las personas podrían atribuirle su recuperación. Quienes
defienden el uso del dióxido de cloro “crean una falsa seguridad”, dijo
en una entrevista Virgilio Prieto, director de epidemiología del
Ministerio de Salud de Bolivia. “Al promover su uso indiscriminado e
irresponsable están poniendo en riesgo a la población”.
Fuente: https://www.nytimes.com
Por: María Silvia Trigo, Anatoly Kurmanaev y
Más información Factual | Covid-19: https://factual.afp.com/list
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